Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida

Las personas con discapacidad son aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Las personas con discapacidad afrontan limitaciones para realizar determinadas actividades (por ejemplo, oír, andar, etc.), pero no siempre necesitan la ayuda de otra persona en las actividades básicas de la vida diaria. El reconocimiento de la discapacidad corresponde a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

La incapacidad laboral es la limitación que presenta una persona para el desempeño de su puesto de trabajo habitual o bien para cualquier tipo de trabajo. Su reconocimiento corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Su reconocimiento corresponde a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Sí, hay algunas esferas legales específicas en las que existe una asimilación de otras situaciones, limitada siempre en sus efectos al ámbito concreto regulado por la ley.

A) Pensionistas de la Seguridad Socialque tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad:

Con carácter especial, el artículo 4.2 y el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establecen que tendrán la consideración de personas con discapacidad este grupo de pensionistas EXCLUSIVAMENTE para la aplicación de los siguientes capítulos de la norma:

• Título I, capítulo V, Sección 1ª: que reconoce los principios de accesibilidad en espacios públicos, privados, transporte y accesibilidad cognitiva.
• Título I, capítulo VI, que regula el derecho al trabajo.
• Título I, capitulo VIII, que prevé el derecho de participación en asuntos públicos.
• Título II, relativo a la igualdad de oportunidades y no discriminación.

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio considera acreditada igualmente la condición de persona con discapacidad a este grupo de pensionistas a efectos del impuesto sobre la renta. (artículo 60.3).

B) Personas para las que, como medida de apoyo a su capacidad jurídica, se haya nombrado judicialmente un curador con facultades de representación plenas para todos los actos jurídicos o que judicialmente hubieran sido declaradas incapaces mediante sentencia con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica:

En sus disposiciones adicional vigésima quinta y transitoria tercera el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social entiende que, a efectos de la aplicación de esta ley, las personas con las medidas judiciales descritas están afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, aunque dicho grado no haya sido acreditado por el órgano competente de la comunidad autónoma. La misma asimilación se prevé a efectos del IRPF en el artículo 60.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, cuando, según establece este texto "se trate de personas cuya incapacidad haya sido declarada judicialmente, aunque no alcancen dicho grado”.

A partir del 19 de julio de 2020, solo se emiten tarjetas acreditativas de grado de discapacidad a aquellas personas que hayan sido reconocidas por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad de un Centro Base, en el marco del procedimiento de grado de discapacidad.

Las tarjetas emitidas antes del 19 de julio de 2020 de forma automática en base a la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, siguen teniendo validez. No sirven, sin embargo, para acreditar una situación de movilidad reducida ya que siempre ha sido necesaria una valoración específica en los Centros Base para determinar si una persona tiene dificultades para utilizar el transporte público.

Instrucciones de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, relativas a la interpretación jurisprudencial del artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y sus efectos jurídicos.

Existen dos supuestos:

1. Si la resolución de grado establece un plazo de validez y se ha dictado aplicando el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre​ es necesario que la persona interesada solicite la revisión dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vigencia fijada.
2. En las resoluciones con plazo de validez dictadas a partir del 20 de abril de 2023 aplicando el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, el grado de discapacidad será revisable de oficio por la administración en la fecha prevista y, en caso de que no se haya iniciado la revisión de oficio, la persona interesada podrá incoar el procedimiento de revisión a partir de la fecha establecida en la resolución.
   
   En todo caso, cuando la administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que haya una nueva resolución.

Existen circunstancias especiales, recogidas en la Resolución de 17 de mayo de 2023, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que pueden dar lugar a la valoración del grado de discapacidad por medios no presenciales:

• Cuando la persona interesada se encuentra inmovilizada o se constate una situación sociosanitaria que desaconseje su traslado al centro de valoración.
• Cuando las circunstancias ambientales o epidemiológicas dificulten o desaconsejen la movilidad de la ciudadanía.
• En pacientes inmunodeprimidos o en tratamiento inmunosupresor, cuya situación desaconseje su traslado.
• Personas institucionalizadas en las que se desaconseje su traslado.
• Cuando la documentación que conste en el expediente o que esté disponible en los sistemas de información de los servicios públicos de salud, servicios sociales y educación, aporten información objetiva y suficiente para realizar la valoración y, en su caso la revisión, y se estime que la cita presencial no va a aportar una información relevante que pueda modificar la valoración de la discapacidad.

​Si concurren alguna de estas circunstancias, el interesado puede marcar la opción de “solicitud de la evaluación en modalidad no presencial” en el formulario de solicitud del reconocimiento de grado de discapacidad.

Las personas con discapacidad pueden solicitar una pensión no contributiva de invalidez (PNC) en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales si están afectadas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, no superan determinado nivel de ingresos y no han cotizado o lo han hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

Si el grado de discapacidad es igual o superior al 75% y acreditan la necesidad del concurso de tercera persona para desarrollar las actividades esenciales de la vida, percibirán un complemento del 50% de la renta fijada en cómputo anual.

Se puede solicitar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una asignación económica por cada hijo menor de 18 años y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33% o mayor de dicha edad cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar, permanente o guarda con fines de adopción, que cumplan los mismos requisitos.

La cuantía de la prestación es diferente para cada uno de los siguientes supuestos y es incompatible con la pensión no contributiva de invalidez:

• Menores de 18 años, con una discapacidad igual o superior al 33%.
• Mayores de 18 años, con una discapacidad igual o superior al 65%.
• Mayores de 18 con una discapacidad igual o superior al 75%.